Por Bruno Cortés
El diputado federal Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que el Estado mexicano carece de una política pública estructurada, medible y transparente para atender la crisis de desaparición de personas que afecta al territorio nacional. Durante un encuentro con medios de comunicación en las instalaciones del Senado de la República, en el marco de la Comisión Permanente, el legislador señaló que la resolución de esta problemática social exige la rendición de cuentas sobre los recursos financieros asignados y la eficacia operativa de las instituciones encargadas de la búsqueda.
La propuesta de Moreira Valdez se centra en la necesidad de desglosar y auditar los fondos públicos que se destinan de manera específica a los organismos de localización e identificación forense, así como el nivel de coordinación real que existe con las 32 entidades federativas. El líder de la bancada tricolor argumentó que, si bien los encuentros de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los familiares de las víctimas representan una acción positiva, el diseño de la estrategia gubernamental debe ser del conocimiento público y no limitarse a reuniones privadas, debido al alto número de colectivos civiles que operan de forma independiente en el país.
El legislador propuso como modelo técnico de gestión gubernamental la metodología implementada en el estado de Coahuila, donde el poder ejecutivo local calendariza y ejecuta reuniones periódicas y públicas con las agrupaciones de madres y padres buscadores, estableciendo minutas y acuerdos con validez jurídica y de libre acceso ciudadano. Para formalizar este enfoque metodológico en el marco normativo federal, Moreira Valdez anunció que presentará una iniciativa de ley en la materia el próximo jueves ante el pleno del Congreso de la Unión.
En el renglón del control del gasto público y la asignación presupuestaria, el diputado advirtió que la actual administración federal utiliza los procesos de selección interna de sus candidatos electorales como una estrategia de comunicación para desviar la atención de los indicadores macroeconómicos desfavorables, tales como la desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el desabasto documentado de insumos médicos en el sistema de salud pública. Esta dinámica, detalló el legislador, desplaza de la agenda nacional la discusión sobre la eficiencia de las partidas presupuestales asignadas a la seguridad ciudadana y a las relaciones bilaterales con los Estados Unidos.
Respecto a las dinámicas partidistas internas de la coalición gobernante de cara a los procesos electorales intermedios, el coordinador del PRI identificó tres variables críticas en el comportamiento de Morena: la anticipación de los tiempos legales motivada por un factor de incertidumbre estadística, la centralización de la toma de decisiones cupulares en la designación de perfiles y la exclusión de los partidos minoritarios aliados en las posiciones con verdadero peso político y presupuestal.
Por otra parte, el análisis técnico del combate a la delincuencia organizada arrojó que, si bien se observa una transición hacia una estrategia operativa distinta a la implementada en el sexenio anterior, el impacto de los daños estructurales en las instituciones encargadas de la seguridad pública requerirá de un periodo de reconstrucción estimado en una década. Moreira Valdez calificó el estado actual de las dependencias de control y certeza jurídica como un rezago institucional mayúsculo heredado de la administración pasada.
Finalmente, el legislador urgió a las autoridades estatales de Baja California y Sinaloa a aplicar criterios de transparencia absoluta frente a los señalamientos mediáticos que involucran a sus funcionarios públicos, sugiriendo el uso de conferencias de prensa abiertas para desahogar pruebas de descargo y evitar la opacidad en la gestión gubernamental, argumentando que los servidores públicos están obligados por ley a presentar sus actuaciones ante la opinión pública del país.
